Reig: “La sentencia es imposible cumplirla y pediremos a la juez que diga la manera que entiende ella que deberíamos ejecutarla”

Revertir la actual contrata costaría 1,1 millón de euros y la petición de un crédito que por ley tiene prohibido el ayuntamiento tras la anterior gestión socialista. El Plan de Ajuste al que ha tenido que someterse el Ayuntamiento de Gandia por la deuda histórica no permite ampliar el capítulo uno de los presupuestos. Si las trabajadoras hubieran aceptado en 2012 lo que reconocen ahora respecto a bajarse el salario de forma importante no se hubiera llegado a este punto.

reig sentencia escoletesCuando sea firme la sentencia y se tenga que acudir a la ejecución presentaremos informes a la magistrada que dictó la sentencia y que es la encargada de su ejecución, donde se le expondrá que la sentencia es de imposible cumplimiento para el ayuntamiento y le propondremos que nos diga Su Señoría de qué manera entiende ella que deberíamos ejecutar la sentencia y en ese sentido actuaremos respetando la decisión en cuanto al incidente de cumplimiento de sentencia”. Son palabras del Gobierno de Gandia, a través del coordinador de Asuntos de Alcaldía Javier Reig, en referencia a la petición del PSOE y de UGT sobre el cumplimiento de la sentencia de Les Escoletes.

El Gobierno de Gandia ha vuelto a insistir lo lamentable que resulta que el PSOE no actúe de motu proprio sino cuando se mueve UGT. Los socialistas no se han enterado de no ser por la nota del viernes del sindicato y a este respecto, Javier Reig, ha dejado claro que el gobierno se alegra que PSOE y UGT hayan reconocido un hecho que, de haberlo hecho en junio de 2012 no se hubiera llegado a esta situación. Se trata de la frase textual “ahora mismo, las trabajadoras estarían dispuesta a rebajar su salario de forma muy importante”. Curiosamente si esto lo hubieran hecho en junio de 2012 no estaríamos donde estamos, ha indicado Reig.

Revertir la concesión con créditos prohibidos

Respecto a revertir la concesión, Javier Reig ha contestado que “Mascarell debe saber que gracias a la gestión de los gobiernos anteriores del PSOE, el Ayuntamiento de Gandia no tiene posibilidad de endeudarse y eso supondría indemnizar a la actual empresa con 1.162.000 euros. Se ha pedido informe al interventor para ver si se puede solicitar un crédito para rescatar la concesión y ha contestado que, dada la situación del Ayuntamiento de Gandia tenemos prohibido solicitar préstamo alguno y por tanto es imposible revertir”.

Así las cosas, la sentencia condena bien a readmitir a las trabajadoras bien a indemnizarlas y “como saben estamos inmersos en un Plan de Ajuste donde en el capítulo uno de los presupuestos no se puede ampliar y en cuanto a indemnizaciones, todos tienen claro como está este ayuntamiento” ha concretado Javier Reig.

Respecto a la solicitud realizada por el PSOE de incluir las indemnizaciones en los presupuestos, Reig ha recordado que “las trabajadoras, en los distintos procedimientos hubieran podido solicitar la ejecución provisional de la primera sentencia y no se solicitó, por tanto, mal podíamos prever incluir las indemnizaciones en el presupuesto de 2014 cuando no habían solicitado ninguna ejecución de sentencia ni todavía existe a fecha de hoy”.

El responsable de Asuntos de Alcaldía ha dicho que el Ayuntamiento de Gandia no tiene notificación oficial de la firmeza de la sentencia y, por tanto, a efectos del presupuesto de 2014 cuando se confecciona no es firme la resolución, de hecho, a fecha de hoy la magistrada ponente no ha firmado el auto de firmeza.

Es cierto que el Ayuntamiento de Gandia anunció el recurso de casación ante el Tribunal Supremo pero también es cierto –ha explicado Reig- que cuando se preparó se hablaba de una unificación de doctrina que significa que había al menos varias sentencias que habían localizado los servicios jurídicos del ayuntamiento. Nos dimos cuenta que podría llevar a un alargamiento de los salarios de tramitación, cosa que este Gobierno no tiene interés en incrementar las cantidades. Podía salir bien o mal y se prefirió no sangrar más los salarios de tramitación y por tanto se desistió.

Por último, el Gobierno ha recordado al abogado socialista Vicent Mascarell la existencia de la figura penal de la coacción, que es obligar a alguien ha hacer algo que no quiere hacer aunque sea legal. “Yo antes de remitir las cartas que quiere enviar a los concejales del PP me estudiaría el delito de coacciones no sea caso que tengamos más problemas”, ha concluido Javier Reig.

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